Propongo sistemas fotovoltaicos para medio millón de hogares y les digo cómo hacerlo

Debido a la crisis económica nacional y mundial, los chilenos estamos sufriendo entre otros perjuicios, el alza de las cuentas de la electricidad.

Por Alejandro Pujá Campos,
Director de Estudio Ciudadano.

Pero no sólo eso, un número importante de hogares tiene cuentas millonarias que se arrastran desde la pandemia.

La drástica reducción de los ingresos durante la pandemia impidió que muchas familias cumpliesen con el pago de muchas cuentas. También he sabido de algunos que, aprovechándose de la prohibición de corte de suministro por deuda, dejaron que las cuentas se acumulasen, pudiendo haberlas pagado.

Es un efecto de políticas mal implementadas. Como lo que ocurre ahora con el Crédito con Aval del Estado, que muchos dejaron de pagar apenas se enteraron que el candidato Boric, hoy presidente de la república, condonaría este tipo de deudas. En la práctica, por lo que se ha sabido, esa condonación está lejos, muy lejos de ocurrir, y los que dejaron de pagar ahora tienen más problemas, con demandas de cobro de los bancos.

Pero, volvamos al tema de las deudas eléctricas. Si el panorama post pandemia no fuese algo complicado para las familias endeudadas, en mayo se supo de un eventual aumento de las tarifas en hasta un 45%, a partir del segundo semestre del 2022.

Entonces, ante esta delicada situación, el gobierno anunció un proyecto de ley para “estabilizar las cuentas”.

Veamos en qué consistió el proyecto y cómo va su tramitación:

En primer lugar, se planteó la creación de un fondo de estabilización, al igual que ocurre hoy con el MEPCO, que es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, respecto del cual el gobierno de Boric pidió se aumentase al doble, desde $1.500 a $3.000 millones de dólares.

En el Senado, el fondo de estabilización para el precio de la electricidad fue rechazado, por no incorporar aportes estatales, ya que este fondo se crearía en base a cargos en las cuentas de luz de la gran mayoría de los chilenos.

La otra idea del proyecto es traspasar, de a poco, las alzas a los consumidores, con un mecanismo que contempla cargar sólo el aumento por el índice de precios al consumidor, IPC, a las familias que consumen menos y, en una escala progresiva, traspasar porcentajes crecientes de las alzas a las familias que consumen más, con IPC incluido. Y, para el 2023, permitir el traspaso total de las alzas.

No voy a describir los detalles del mecanismo pues extendería mucho esta columna. Sin embargo, eso está disponible en la Internet en diversas notas de prensa. Lo que sí le voy a advertir es que, para el gobierno, los que deben pagar más, son aquellas familias que consumen desde 350 Kw al mes.

Ahora bien, si usted mira su boleta, verá lo que se conoce como el “límite de invierno”, el que se calcula en base a sus consumos anuales e históricos. Mientras más consuma, su promedio será mayor. Si en invierno, su hogar supera el límite, debe pagar los kilowatts en exceso a una tarifa mayor. O sea, se castiga el mayor consumo.

Hasta hace unos pocos años, las familias tenían consumos que no superaban los 200 o 250 Kw mensuales. Sin embargo, en los últimos años, eso ha ido cambiando debido a la mayor incorporación de aparatos eléctricos en los hogares.

Muchos, por ejemplo, se dieron cuenta que la parafina, aun cuando tiene un buen poder calórico, es bastante cara, sucia, contaminante y requiere esfuerzo para su transporte, mientras que las tiendas nos ofrecen, cada año, estufas eléctricas más eficientes, algunas de precios muy bajos, que casi no requieren mantención, que son muy seguras, con temporizador para definir tiempo de uso, que se apagan y prenden automáticamente, de acuerdo a la temperatura ambiente, etc.

Punto aparte son los sistemas de aire acondicionado, por los que ya muchas familias han optado. Agregue a eso la mayor cantidad de computadoras, pantallas, televisores, además de un infinito mercado de artefactos eléctricos que usan las familias y podrá entender por qué se corta la luz en las tardes y noches en tantas partes. Las empresas eléctricas han reaccionado tarde para realizar las obras de actualización de la capacidad energética instalada en villas y poblaciones, cambiando transformadores que permitan satisfacer la creciente mayor demanda.

En este panorama, la misma familia que hace unos años gastaba 200 ó 250 Kw al mes, hoy supera los 300 y muchas ya rozan los 400.

Véase: Ranking de comunas que más gastan energía eléctrica en el hogar.

Téngase presente que estas familias hoy contaminan menos, al cambiarse de la chimenea, la salamandra o la estufa de parafina a las diversas alternativas eléctricas que he mencionado. Sin embargo, esta conducta más ecológica, es castigada por el sistema con una tarifa más cara.

Por lo tanto, lo que propone el gobierno, con su fondo de estabilización y el traspaso parcializado de las alzas, afectará a la gran mayoría de las familias de clase media hacia arriba.

Pero, aunque usted no lo crea, no es primera vez que esto ocurre en Chile. En el gobierno de Michelle Bachelet se promulgó la ley de equidad tarifaria, a la que me referí en mi blog personal el 2 de julio de 2016.

La ley de equidad tarifaria pretendió resolver la situación de los usuarios de servicios eléctricos domiciliarios que, por su ubicación en localidades de baja densidad poblacional, debían pagar tarifas más altas.

Esto se veía agravado debido a que en muchos de esos mismos lugares se ubican instalaciones, plantas o centrales generadoras de energía termoeléctrica alimentadas con combustibles fósiles como carbón o petróleo, que provocan una gran contaminación del sector, dando origen a las tristemente famosas zonas de sacrificio.

Para remediar ambas injusticias, el gobierno de la señora Bachelet promulgó la denominada ley de equidad tarifaria de servicios eléctricos que implementó como "solución" una nivelación de las tarifas que pagan los hogares cargando a una gran parte de la población un aumento de la tarifa para trasladarlo, a modo de subsidio cruzado, como rebaja a las cuentas de los sectores señalados.

La propia información, proveída por el gobierno de la época señalaba, que los grandes aportantes obligados de este subsidio son los habitantes de comunas de alta densidad poblacional como Las Condes, Santiago Centro, Maipú, La Florida, Providencia, Peñalolén, Ñuñoa, Lo Barnechea y Vitacura, en la Región Metropolitana. En regiones, las más afectadas son las principales ciudades de la zona central. En esa fecha, se estimaba que todos estos usuarios verían incrementadas sus cuentas mensuales en montos que oscilaban entre los $1500 a $3000, a partir de consumos que excedan los 200 Kwh. Mensuales.

Como puede verse, excepto en los casos de comunas como Las Condes o Vitacura, todas las demás comunas y regiones que mencioné corresponden a sectores cuya población se encuentra en los rangos de lo que podríamos denominar la gran clase media que, habitualmente, por sus ingresos obtenidos con mucho trabajo, no califican para algunos o todos los subsidios o beneficios sociales del Estado.

En esa fecha, dije “sin temor a equivocarme, que esta ley la financiará fundamentalmente el grueso de los chilenos que en ningún caso pertenecen al 10% más rico de la población.”

Así que, como pueden ver, la receta de Boric, ya es conocida y está aplicada en las boletas que usted paga desde el año 2016.

Pero, más allá de la propuesta añeja e ineficiente, y que, en este momento, está detenida en el Congreso, en el fondo, se trata sólo de una medida parche con la plata de la clase media.

El gobierno sólo está administrando escasez.

¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde están los anuncios de mayores inversiones en producción de energía? Se puede entender que ante una emergencia, se deban tomar algunas decisiones de carácter financiero, como la creación de un fondo de estabilización, pero, por esencia, esas medidas deben ser de carácter temporal. Caso contrario, se convierten en una ilusión que no resuelve el problema de fondo, que es la escasez del producto o servicio.

El caso del MEPCO es un excelente ejemplo, de un saco roto que no se llena nunca. Se pretende combatir el aumento sostenido del precio internacional de los combustibles, aumentando el subsidio estatal, subsidio que, paradójicamente, es financiado por los mismos chilenos que echan combustible a sus vehículos diariamente, pues el 45% de la bencina es impuesto específico que recauda el Estado. En el caso de la parafina, sucia y contaminante, el 22% de su precio, es impuesto adicional. Y ojo, digo adicional, porque en todos los casos, los combustibles también pagan el 19% del Impuesto al Valor Agregado, el IVA.

Así, mientras por la vía de los impuestos, se le extrae dinero a todos los contribuyentes, el Estado se las da de benefactor y pretende redistribuir generando subsidios, rebajas y otros inventos para los mismos a los que les saca la plata, mientras no se dice ni una palabra de cómo se resolverán los temas de fondo, como lo es la dependencia de combustibles extranjeros ya que Chile produce poco o nada.

¿Que se ha hecho, en los últimos años, para resolver la demanda energética?

Quizás, lo más exitoso fue la licitación de proyectos de energías renovables, que se hizo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, si la misma del nefasto proyecto de equidad tarifaria eléctrica, que en este caso tuvo la visión de apostar por las energías renovables. En esa ocasión, se comprometieron obras que no han avanzado como se esperaba, por diversas razones que otro día analizaremos, y que han alejado el sueño de que nuestra matriz energética tuviera un 20%, o más, de energías limpias. Luego, las tímidas pruebas con hidrógeno verde y la parálisis que tenemos en la licitación del litio, son hechos que no permiten ver un futuro energético prometedor.

Así, en este momento no hay nada claro sobre cómo se pretende satisfacer la creciente demanda de energía, no sólo de los hogares, sino del transporte, de las actividades industriales y de las empresas que la requieren en la prestación de servicios. Usted puede tener una excelente empresa de Internet, pero si se corta la luz, hasta ahí llegó su conexión.

Como no me gusta sólo diagnosticar y prefiero dar datos para intentar avanzar en soluciones, aquí les dejo unos datos, para que se entretengan investigando y sacando cuentas.

Un juego o kit para una instalación solar doméstica, de término medio, tiene un valor aproximado de $5 millones. Este kit consiste en paneles solares, baterías y el conversor y cargador necesario para controlar el sistema, además de cables y otros accesorios. Según mis cuentas, eso podría dar una independencia y autonomía para alrededor del 50% de las necesidades diarias de un hogar, con una instalación que puede durar entre 15 a 25 años. Aquí las cifras dan para mucho. Hay instalaciones más baratas y otras más caras, así que no hay números absolutos. Usted busque y encontrará mucha información al respecto.

Sólo quiero invitarlo a pensar qué pasaría en materia de producción de energía si inyectáramos sólo $1000 millones de dólares en estos equipos domiciliarios. Les recuerdo que el MEPCO ahora tendrá 3.000 millones de dólares para quemarlos en combustibles fósiles y contaminantes. Pues bien, con 1000 millones de dólares podemos poner kit solares en 170.000 hogares. O sea, en tres años, podríamos dotar de sistemas fotovoltaicos a más de medio millón de hogares.

Compare esta idea con otra brillante que se viene planteando hace rato, por diversos sectores, pues cuando se trata de populistas, los hallamos debajo de cada piedra.

El gobierno anunció que va a distribuir hasta 6 mil cilindros de gas, de la mano de la ENAP, la Empresa Nacional del Petroleo, en un plan denominado de “gas popular”, con un subsidio, una vez más, para que el precio no supere los $17.000 y destinado a las familias que más lo necesiten en tres comunas de las más de 300 que hay en el país. O sea, usted y yo, seguramente, no tocaremos ni un cilindro, que, ya se sabe, son poquitos.

Véase: Alcaldes anunciaron acuerdo con el Gobierno y ENAP para la distribución de gas.

Pasará mucho tiempo antes que los 6000 cilindros se transformen en las decenas de miles que se requieren para satisfacer la demanda de gas en los hogares y, aun así, eso nos abre otras interrogantes y riesgos ya que algunos municipios insisten en distribuir gas. Muchas municipalidades no hacen el trabajo para la cual fueron creadas, que es administrar los servicios de la comuna, pero se quieren meter a vender gas. Además, la venta de gas, que tiene sus complejidades, abre otro espacio para el amiguismo, el tráfico de influencias, los favores con recursos públicos. Así que no se extrañe cuando los amigos del alcalde, de los concejales, los dirigentes sociales más cercanos, tengan acceso a lo que se dice se va a destinar a “los más necesitados”, los cilindros del “gas popular”, que se convertirán en otra forma de ganar y cuidar los votos.

Hace un rato dije que se administraba escasez, en realidad, con estas ideas asistencialistas, que no invierten en las familias y en el futuro que es eléctrico y verde, lo que realmente se hace es administrar pobreza.


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