Derogación de artículos de la Ley Pascua es un avance en igualdad y protección de las mujeres que puede quedar en letra muerta en la próxima Constitución Política

Crónicas semanales
powered by social2s

El sábado 28 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial la ley 21.451, que modifica la ley 16.441, que creó el Departamento de Isla de Pascua.

Por Alejandro Pujá Campos,
Director de Estudio Ciudadano.

La Ley 16.441 fue promulgada el 22 de febrero de 1966, por el presidente Eduardo Frei Montalva, y tuvo como principal objetivo la creación del Departamento de Isla de Pascua, de manera de integrarla de mejor manera al territorio nacional, pudiendo participar sus habitantes en los procesos eleccionarios, entre otros efectos que tendría la ley.

La norma, aun vigente, se refiere a varias materias como excepciones tributarias para los nacidos en la isla por posesión de tierras y, también, estableció normas especiales para el tratamiento de los delitos que se cometieran en la isla por parte de los naturales indígenas.

El delito de Dalton Paoa Araki

Nada de esto sería noticia hoy, si no fuese por el delito cometido por Dalton Paoa Araki, acusado de violar a una mujer, hecho ocurrido el 6 de octubre de 2019.

Durante el juicio, su defensa solicitó aplicarle lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua.

Los artículos de la discordia

Para entender el efecto que esta solicitud tendría en el resultado del juicio, leamos primero qué dicen estos artículos: El artículo 13 señala que “En los delitos contemplados en los Títulos VII y IX del Libro Segundo del Código Penal, cometidos por naturales de la Isla y en el territorio de ella, se impondrá la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el delito de que sean responsables.”

Los delitos de los títulos VII y IX del Libro Segundo del Código Penal son crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual; y los delitos del título IX son crímenes y simples delitos contra la propiedad.

A su vez, el artículo 14 de la Ley Pascua dice: “En aquellos casos en que el Tribunal deba aplicar penas de presidio, reclusión o prisión podrá disponer que hasta dos tercios de ellas puedan cumplirse fuera del establecimiento carcelario, fijando en la sentencia las condiciones de trabajo y residencia que deba llevar el condenado y el tiempo por el cual se concede este beneficio, el que podrá suspenderse o revocarse por el Juez, de oficio o a petición de parte, por medio de una resolución fundada, que se apoye en el incumplimiento de las condiciones impuestas”.

El juez recurre al Tribunal Constitucional

Esta solicitud, como ya dije, de la defensa del agresor, provocó la reacción del juez Alex Guzmán, que conocía de la causa y quien recurrió ante el Tribunal Constitucional, solicitando la inaplicabilidad de los artículos 13 y 14, por considerarlos inconstitucionales.

“Guzmán argumentó,... que la solicitud del imputado y su defensa vulneraba el principio de igualdad y no discriminación de las mujeres, que son compromisos suscritos por Chile en tratados internacionales: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belén do Pará).

Así, fue esta causa la que abrió el debate respecto de ambas normas. En su fallo de septiembre de 2020, el TC declaró inconstitucionales ambos artículos en el caso específico de Paoa: consideró que "la aplicación concreta de las normas [...] genera resultados contrarios a la Constitución por la afectación de la dignidad humana (artículo 1°, inciso primero de la Constitución), la igualdad ante la ley (artículo 19, numeral 2° de la Constitución) y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19, numeral 3° de la Constitución)".” https://www.pauta.cl/nacional/tribunal-constitucional-ley-pascua-delitos-sexuales-inconstitucionalidad

Inaplicabilidad e inconstitucionalidad, se parecen pero no son lo mismo

El Tribunal Constitucional no sólo acogió la solicitud del juez, sino que, además, abrió un expediente de oficio para declarar la inconstitucionalidad de ambos artículos de manera de obtener la derogación de ambas disposiciones. Esto es importante dado que la inaplicabilidad de un precepto legal sólo sirve para el caso particular de que se trate. Si otros afectados, en otros juicios, estiman que también debe dejar de aplicarse una determinada norma que se considera inconstitucional, deben pedirlo específicamente al Tribunal Constitucional. Por ello, existe la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas, no sólo la inaplicabilidad a un caso particular, con lo cual ya no se podrán aplicar a ningún caso.

El Congreso Nacional actúa

Fue tal el impacto comunicacional del caso, con grupos feministas y de defensa de Derechos Humanos llamando la atención permanentemente, que no sólo actuó el Tribunal Constitucional, sino también lo hizo el Congreso de la República. Y hoy ambos artículos, que otorgaban privilegios a los pascuenses que cometían determinados delitos, han sido eliminados del Derecho Nacional.

La condena

En el caso particular del imputado Dalton Paoa Araki, fue condenado a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, por el delito de violación perpetrado en 2019 contra una turista chilena que visitaba la isla de Rapa Nui.

Hasta aquí parece tratarse de un asunto que, siendo injusto, terminó mejorando la legislación nacional al eliminar estos particulares privilegios.

El borrador de nueva Constitución establece privilegios para pueblos indígenas

Sin embargo, en el borrador de la nueva Constitución Política se establecen condiciones especiales que beneficiarán a pueblos indígenas, incluyendo incluso una justicia especial, lo que se conoce técnicamente como la jurisdicción.

Esta intención, adornada de palabras que suenan muy justas, se encuentra en varios de los artículos propuestos. Por ejemplo, el artículo 5 dice: “Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.

Como pueden ver, es en la parte final de este artículo donde aparece más claramente la posibilidad de privilegios especiales y excluyentes, cuando se exige el reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales.

Así, lo que parece un avance en igualdad y persecución de la impunidad, donde diversos actores públicos y privados avanzaron en el mismo sentido, derogando los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua, podría quedar en el pasado, si no hay definiciones claras respecto de que ninguna consideración especial debe permitir que algún chileno goce de especiales privilegios o condiciones que, además, se conviertan en perjuicio de otros chilenos.

¿Qué dice la Constitución vigente sobre esta materia?

Que no sea una hemorragia verbal la que nos prive de ideas tan claras, como la del artículo 19, número 2, de la actual Constitución Política de la República de Chile, basado en una tradición internacional de respeto a los derechos humanos, que dice: “La Constitución asegura a todas las personas: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Visto: 366
Imprimir