Fallo de la Corte Suprema sepulta esperanzas de deudores del CAE

En un breve pero lapidario fallo, la Corte Suprema ha ratificado que las deudas del Crédito con Aval del Estado, reguladas por la ley 20.027 sobre Financiamiento de Estudios de Educación Superior, deben excluirse del procedimiento de liquidación voluntaria solicitado por estudiante deudor.

De esta manera, se da pie atrás a fallos anteriores que habían aceptado la tesis de que todo tipo de deudas podían incorporarse a un proceso de insolvencia, incluidas las originadas en la ley 20.027.

Así, al liquidarse en un procedimiento de insolvencia el patrimonio disponible del deudor, se paga en proporción a los acreedores. Y si el resultado de la liquidación no alcanza para cubrir todas las deudas, el saldo se extingue por el sólo ministerio de la ley. El deudor queda rehabilitado y aunque se ha quedado sin bienes, tampoco ya puede ser informado como moroso o deudor en ninguna base de datos.

El fallo de la Corte Suprema, publicado el 21 de abril de 2021, corresponde a la causa 85-2021, recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente que se encontraba en proceso de liquidación concursal tramitado ante el Juzgado de Letras de Tomé, bajo el rol C-506-2020, caratulado "Fernández con Universidad de la Santísima Concepción".

Cabe señalar que todos los tribunales involucrados en el caso se pronunciaron en la misma línea inclinándose por acoger la solicitud de excluir la deuda estudiantil del procedimiento de liquidación voluntaria iniciado por el deudor, siendo también unánime el fallo de la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino y la abogada integrante Carolina Coppo.

Esto da cuenta de una consolidación de la tesis de que la especialidad de la ley 20.027 sobre Financiamiento de Estudios de Educación Superior hace que las deudas que se generan por ese sistema tengan características y hasta medios de cobranza especiales, todo lo cual hace que deban ser excluidas, no incorporadas en una liquidación voluntaria.

La resolución agrega: “Que sobre la base de lo reseñado se observa que los juzgadores razonan acertadamente al reconocer que la Ley Nº20.720 estatuye un procedimiento concursal de carácter general para todo deudor, dejando a salvo aquellas normativas especiales, como lo es la regulación del crédito destinado a financiar los estudios de educación superior. En este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que los estudiantes que acceden a un crédito con garantía estatal destinado a financiar su educación superior constituyen un grupo de deudores particulares que deben cumplir determinados requisitos legales para obtener su otorgamiento. Y no sólo la particularidad del deudor como la finalidad del crédito hacen que la regulación contenida en la Ley N°20.027 sea especial frente a la normativa general sobre procedimientos concursales, sino también la regulación contenida en dicho estatuto en lo tocante a los mecanismos para exigir el pago”. 

“Que una vez estatuido el carácter especial que corresponde atribuir a la Ley N°20.027, por sobre la Ley N°20.720, razonan correctamente los juzgadores al excluir el crédito con garantía estatal del procedimiento de liquidación voluntaria”, añade.

Así, el deudor deberá enfrentar los efectos de la cobranza judicial del Crédito con Aval del Estado.

Revisa la noticia en su fuente oficial de la página del Poder Judicial, haciendo click aquí.

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