La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó al Colegio de Música Juan Sebastián Bach renovar la matrícula para el año escolar 2020 de alumno con trastornos de lenguaje y déficit atencional.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Leopoldo Llanos y los abogados integrantes Jorge Lagos y Julio Pallavicni– estableció el actuar arbitrario, ilegal y vulneratorio de la ley de inclusión del establecimiento educacional al no renovar la matrícula del educando.

La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó a la Caja de Compensación Los Andes poner término al descuento de crédito y proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados de la remuneración de la afiliada recurrente. 

En la sentencia, causa rol 29.241-2019, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado (i) Julio Pallavacini– estableció el actuar arbitrario de la recurrida al descontar préstamo intercaja, después de 12 años de otorgado.

La Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordena a una concesionaria de autopistas cesar con el cobro de una deuda mediante el envío de correos electrónicos a una deudora. 

En la sentencia, rol 28.821-2019, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Juan Manuel Muñoz Pardo y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla y Pedro Pierry- consideró que se vulneró la integridad física y psíquica de la recurrente por las acciones de cobro.

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Valdivia señaló que no es posible atribuir la responsabilidad de lo ocurrido, sin más, al cuenta correntista por un supuesto mal uso de sus claves y productos asociados a ellas.

Con dos votos en contra, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia que acogió el recurso de protección interpuesto por un cuentacorrentista en contra del Banco del Estado, por no otorgar la restitución de los fondos que fueron sustraídos a través de un fraude informático.

Con la promulgación de la nueva ley, se modificó la ley sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.

La norma consta de sólo dos artículos, uno permanente y otro transitorio.

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