Mitos y verdades sobre la "crisis" del agua. Primera parte: Agua como bien nacional.

Las demandas para declarar al agua como un bien nacional, ignorando quienes lo piden que ya lo es; y el cambio de la Constitución para, mágicamente, asegurar su abastecimiento doméstico, son una más de las materias que algunos sectores utilizan para agitar a la sociedad, intentando producir cambios radicales, incluso violentos, en la institucionalidad y, por esa vía, llegar al poder.

El artículo 5 del Código de Aguas declara que: "Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código".

A la mayoría de esos sectores, realmente, no les interesa si hay familias que tienen dificultades para acceder a agua potable y tampoco les interesa si los agricultores y ganaderos la tendrán para seguir produciendo alimentos. Esos sectores usan a estos grupos para sus intereses propagandísticos y luego los abandonan, como lo han hecho en todos aquellos países donde hoy los movimientos socialistas y de la izquierda progresista gobiernan o, a lo menos, influyen, con la Venezuela chavista de Nicolás Maduro a la cabeza.

Desde Estudio Ciudadano hemos recopilado, desde diversas fuentes, incluso algunas ligadas a los sectores de la izquierda, suficientes antecedentes y datos para demostrar que, si hay una crisis, ésta no es de la magnitud de los que la exacerban y, más que concentrarnos en el diagnóstico del problema, al cual hay que hacerle ajustes, eliminando el sesgo ideológico, lo realmente constructivo es examinar las soluciones.

Así, en este primer capítulo sólo compartiremos unos breves antecedentes que quien desee estudiarlos podrá profundizar sin mayor inconveniente, examinando los enlaces que dejamos a disposición, con las fuentes y lecturas recomendadas.

- El agua, en Chile, es un bien nacional cuyo dominio le pertenece a toda la nación.

El primer punto que abordaremos es la majadera solicitud de declarar al agua como un bien nacional. Algunos repiten tanto esta demanda que es válido preguntarse si son analfabetos, es decir no saben leer ni escribir, pues esa sería una explicación para no haber leído ni entendido lo que dice el artículo 5 del Código de Aguas, correspondiente al Título Segundo, que versa sobre el dominio y aprovechamiento de las aguas:

"Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código".

La norma es clara, como el agua, por lo menos desde agosto de 1981.

Por tanto, ya tenemos el primer mito destruido. No se necesita declarar al agua como un bien nacional pues ya lo es.

Además, el Código de Aguas, muy democráticamente, señala que se otorga el derecho de aprovechamiento de ellas a los particulares, cuestión que es muy saludable, pues permite que cualquiera que la requiera, pueda solicitar derechos de aprovechamiento.

Cuando el código se refiere a "los particulares" se refiere a cualquier persona natural o jurídica, o sea a todas las personas que formen parte de la nación. Este punto es muy relevante para descartar que este derecho de aprovechamiento sea exclusividad de algunos.

Lo anterior es muy distinto a que ya otorgado el derecho, el Estado debe garantizar el ejercicio de cada particular en relación a los derechos otorgados. Caso contrario, no tendría ningún valor ni utilidad que existiese una institución estatal, la Dirección General de Aguas, DGA, que, entre otras funciones, debe encargarse de recibir y tramitar las solicitudes de aprovechamiento de las aguas.

- La Constitución sólo reafirma el derecho de propiedad, incluido en el caso de los derechos de agua.

Para finalizar este punto, en este primer artículo, debe tenerse presente que en la actual Constitución Política de la República de Chile, CPR, aparece sólo dos veces la palabra "aguas" en todo su texto. Ambas apariciones son dentro del artículo 19, número 24.

El artículo 19 de la CPR, con el que se inicia el Capítulo Tercero de la Carta Magna, es un artículo muy importante para la protección de los derechos de todas las personas naturales y jurídicas pues versa sobre los derechos y deberes constitucionales. Tiene 26 numerandos y el numerando 24 versa sobre el derecho de propiedad.

Parte el artículo 19 con la siguiente frase: "La Constitución asegura a todas las personas", y de esa manera debe iniciarse la lectura de cada uno de los 26 numerandos de este largo e interesante artículo.

Así, el 19, número 24, inciso primero, debe leerse así:

"La Constitución asegura a todas las personas:

24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales".

El derecho de propiedad es una de las piedras angulares en cualquier Estado de Derecho, pues garantiza que nadie podrá ser privado de sus bienes y de los derechos que sobre ellos recaen, materia que es fundamental para regular las relaciones pacíficas entre los individuos de la especie humana.

Las sociedades donde no existe el derecho de propiedad personal o la propiedad es exclusiva del Estado suelen ser modelos autoritarios, con economías dirigidas e ineficientes y exhiben niveles inferiores de calidad de vida de sus habitantes. Véanse los casos de Venezuela y Cuba.

China, un caso paradójico para un gobierno comunista, que ha entendido las ventajas de la productividad y del comercio internacional, factores esenciales en el modelo de mercado capitalista, es un gobierno de planificación centralizada que explota a los trabajadores con largas jornadas, bajos salarios y la exigencia de una gran productividad que no se reparte entre la población, sino sólo entre en los miembros de la jerarquía política.

Volviendo al artículo 19, número 24, éste se refiere sólo dos veces a las aguas. La primera es para señalar que los yacimientos que se encuentren bajo las "aguas" marítimas serán exploradas y explotadas de la misma forma que se ha señalado para aquellas sustancias no susceptibles de concesión, con los requisitos y bajo las condiciones que fije el Presidente de la República. O sea, en esta primera mención no se alude a las aguas que nos interesan.

La segunda mención, que sí nos debe interesar, sólo está destinada a declarar algo absolutamente deseable y razonable, en el último inciso del artículo 19, numeral 24:

"Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

Ponemos negritas para que se entienda que lo que garantiza la CPR es el derecho de propiedad sobre los derechos de aguas otorgados, no sobre el agua propiamente tal, ya que, se ha dicho, las aguas, en su estado natural, son bienes nacionales de uso público.

Como puede verse, es fácil derribar otra frase barata construida por los afiebrados ansiosos del poder, que señalan que se requiere cambiar la Constitución para garantizar el acceso al agua, como derecho humano pues es claro que la Constitución no es un obstáculo para garantizar el acceso al agua. La CPR nada dice en contra del acceso al agua. Al contrario, lo único que señala es una reafirmación del respeto que exige a todas las formas de propiedad, sea de bienes materiales o inmateriales, como los derechos que se pueden constituir sobre el agua.

Pero no sólo eso, la actual Constitución Política ha ratificado su adhesión a un sinnúmero de tratados y pactos internacionales, entre los que se encuentran aquellos que versan sobre derechos humanos y, por esa vía, hace exigible el contenido de esos acuerdos mundiales en nuestro ordenamiento jurídico interno.

Así, el artículo 5 de la CPR señala que "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

Este artículo 5 es la llave de compromiso de Chile con el respeto, protección y promoción de todos los derechos humanos, incluido, por cierto, el acceso al agua como medio imprescindible para la vida.

Si el país falla en algun momento en el cumplimiento de este compromiso, lo razonable será revisar dónde, cómo y quien ha fallado en el diseño o la ejecución de las políticas públicas que deben cristalizar esta obligación internacional del Estado de Chile. No es culpa del texto constitucional que, a veces, se incumplan los pactos, sino de los gobiernos, los funcionarios y, en primer y último lugar, es responsabilidad de los propios ciudadanos que eligen o se abstienen de elegir, a sus respectivas autoridades y luego fiscalizar que cumplan sus promesas electorales.

Sabemos que algunos podrían no estar de acuerdo con todo el contenido de este artículo y, especialmente para la mirada ideologizada, miope, este artículo producirá molestia.

Sin embargo, como sabemos que podemos equivocarnos, dejamos abierta la invitación para que cualquiera que quiera exponer un punto de vista distinto o complementario, lo pueda hacer, enviando su opinión, al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. También podría ser entrevistado al respecto. Será un gusto exponer y difundir todas las visiones que, con respeto y tolerancia, estén dispuestas a plantearse para enriquecer el diálogo en esta tan relevante materia de interés nacional.


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