Nueva normalidad, baja del petróleo, supermercados coludidos y acceso a créditos y ayudas para la emergencia

En el capítulo del martes 21 de abril de 2020, del programa "Hacemos Radio", el presidente de Consumidores Asociados y director de Estudio CiudadanoAlejandro Pujá Camposy el conductor del programa, Eduardo Fuentes, abordaron lo que debería ser la nueva normalidad, el impacto de la baja del precio internacional del cobre en el mercado nacional, la sentencia de término de la Corte Suprema, que aumentó las multas a los supermercados coludidos en el precio de los pollos y las dificultades para acceder a créditos de la banca y a las ayudas del Estado, ante la emergencia sanitaria.

Así, en la primera parte del programa, Alejandro Pujá se refirió a los buenos hábitos que se deberían incorporar a la "nueva normalidad", con cuestiones tan sencillas como el lavado de manos que, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el 95% de las personas no se las lavan después de usar los baños.

Luego, por un pregunta del panelista de "Hacemos Radio", Jorge Loyola, Alejandro Pujá se refirió a lo que espera sean los eventuales beneficios que provendrían de la baja del precio internacional del petróleo para la economía nacional, en relación al precio de los combustibles, el transporte de productos, el Índice de Precios al Consumidor y el valor de la unidad de fomento .

En la segunda parte del programa, se abordó la sentencia de la Corte Suprema que aumentó la multa a los supermercados sorprendidos coludiéndose para subir artificialmente el precio de los pollos a los consumidores finales y se analizó el escenario de eventual indemnización directa a los consumidores.

Asimismo, se revisaron algunas dificultades para el ejercicio de derechos de los consumidores y usuarios durante la emergencia sanitaria, analizando si se suspenden o no los plazos de prescripción en favor de los clientes y se dieron recomendaciones para evitar que pase el tiempo y los problemas no sean resueltos por los proveedores.

En otra arista, se revisaron las dificultades para acceder a créditos para quienes los requieran. A propósito de esto, el director de Estudio Ciudadano recordó la modificación que se hizo a la ley 19.628, de Protección de Datos de Carácter Personal, que prohibe enviar a los registros de morosidad a aquellas personas que se atrasen por situaciones ajenas a su voluntad, como la cesantía, planteándose, además, que se debe hacer una evaluación más flexible de los sujetos de crédito cuando se han visto sometidos a una seguidilla de condiciones adversas que no les permitieron estar al día, inmediatamente antes de la llegada del coronavirus.

Capítulo aparte tuvo el tratamiento de las personas que sin ser pensionados, no registran ningún tipo de ingresos formales, lo que pone problemas a las autoridades para ir en su ayuda, sin perjuicio de que la emergencia sanitaria revela irregularidades como la gran cantidad de personas trabajando, especialmente en el comercio y las actividades agrícolas de temporada, sin contrato laboral escrito, lo que demuestra una grave falencia en el sistema de fiscalización de la Dirección del Trabajo.

Por último, se analizó el marco ético que debiera existir para la aplicación de las ayudas estatales, estimándose que se debería prohibir que las empresas que se acojan a ellas puedan repartir dividendos y beneficios entre socios inversores y ejecutivos.

Revisa y comparte, con amigos y familiares, esta entrevista realizada en los estudios de Radio Rancagua.


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